Federico Masso, ministro de Desarrollo Social y además referente de Libres del Sur, se refirió al protocolo antipiquetes anunciado por el Gobierno nacional y planteó que ésta y otras medidas “van a seguir generando desigualdad y destrucción” para el país.

“Siempre que se quiere instalar un modelo neoliberal, de una Argentina para pocos, ha estado en paralelo la idea de la represión”, sostuvo el funcionario. Y mencionó un anuncio de medidas de 1976 que “son las mismas que las de hoy”.

Indicó que “la política es correlación de fuerzas” y que hay que “ser inteligentes”; Masso planteó que el presidente Javier Milei debería intentar “no generar molestias” en aquella parte de la sociedad que el 19 de noviembre lo votó.

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“El Gobierno nacional tiene una fortaleza; esa parte de la sociedad que lo votó y que castigó a la dirigencia política que gobernó por los últimos 25 años. Hay que ser inteligentes y no darle un caldo de cultivo a la sociedad que tiene que hacer un proceso”, planteó.

Además, señaló: “Los que hoy apoyan al Gobierno empiezan a ver el aumento de la nafta, de los alimentos, no pueden pagar la cuota del colegio, no salen de vacaciones. Habrá una reacción lógica de los sectores de clase media, de los sectores populares que apoyaron en función de ‘voto bronca’, que tendrán que poder resistir a un modelo que realmente aflige”.

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Masso aseguró que se trata de un modelo que “va a generar más pobreza, más desempleo, más indigencia” y que, en ese contexto, “el rol de la seguridad de reprimir siempre va a estar”.

Trabajo conjunto

En este sentido, el funcionario fue consultado acerca de cómo se atenderá a la sociedad en Tucumán en torno a estas medidas; y afirmó que sostiene el diálogo con las organizaciones sociales locales.

“Charlamos sobre la importancia de su trabajo dando una mano en el día a día e hicimos un acuerdo, lo cual antes era muy difícil de recibir. (Ellos) recibían muchas veces indiferencia de parte de las autoridades del Ministerio, hoy los atiende el ministro con su equipo”, destacó Masso.

Asimismo, aseguró que “además de compartir con ellos la preocupación, también nos ocupamos”. En línea con esto, la oficina decidió “reforzar todos los núcleos colectivos de alimentación que tiene el Ministerio; comedores, cocinas y centros de desarrollo infantil”.

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El objetivo de esta inversión en la cantidad y la calidad de los alimentos es que los grupos de ayuda social alcancen un aumento del 20% en alimentos secos y que reciban un 50% más de mercadería en diciembre, lo cual ya fue entregado.

“Es un mes muy difícil. Los que tienen un trabajo social saben que siempre aumenta la demanda, más aún con estas decisiones económicas”, fundamentó Masso.

Además, el jefe de Desarrollo Social anunció su compromiso de que, a partir del 15 de enero, las organizaciones vuelvan a recibir la cuota alimentaria en tiempo y forma. La intención es contener a “cientos de miles de tucumanos que necesitan un plato de comida en los dispositivos comunitarios”.

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En este sentido fue que se tomó la decisión de que se abran las 625 escuelas donde niños y adultos almuerzan durante todo el año, para que en 44 de ellas se entreguen viandas y en las 580 restantes haya alimento seco.

Incompatibilidades

Por otro lado, el ministro habló sobre las incompatibilidades de los beneficiarios del Potenciar Trabajo, programa que -según una investigación- presenta mayor registro de incompatibilidades en Tucumán.

Masso aseguró que el Gobierno provincial se puso a disposición del juez y envió el padrón de beneficiarios y el de empleados públicos al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) para que sean observados. “No negamos la información. Nos enteramos por una nota que supuestamente hay 1.122 potenciarios que serían empleados públicos”, dijo.

El funcionario aseguró que habló de manera hipotética del caso porque “no tenemos todavía una respuesta de la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, acerca del listado de personas”.

Además, Masso mencionó: “Vale la pena aclarar que el programa Potenciar Trabajo tiene dentro un sistema de protección de empleo que permite que la persona que consigue trabajo sea protegida durante 90 días; eso significa que un mes cobra la totalidad del plan y los dos meses siguientes, un 50%”.

Mencionó esto porque “se da muchas veces que una persona en temporada de invierno o verano contrata a alguien, le da un trabajo y después deja sin efecto esa contratación. En ese caso, entonces, puede retomar el Potenciar”.

Así, el ministro indicó que esperarán el registro realizado por la Provincia para constatar que aquellos 1.122 beneficiarios con incompatibilidades no estén dentro de la protección del empleo que ofrece el programa social.

“Si no lo están, nosotros vamos a ser los primeros que les vamos a pedir la baja del oficio, porque no podemos permitir que una persona gane $250.000, $270.000 como empleado público, se lleve $73.000 que necesitan decenas de tucumanos”, planteó.